Han sido muchos los profesionales y sobre todo las asociaciones que se han sentido maltratados ante los comentarios del Ministro de Cultura en respuesta a la pregunta de un periodista referente a qué ocurriría con los festivales de verano. La respuesta del ministro José Manuel Rodríguez Uribes ha encendido los ánimos al resumir la problemática en que “Eso se decidirá cuando llegue el momento”. De hecho, la frase completa es: “Tendremos que esperar con las posibilidades de su realización. Siempre, desde el minuto uno siguiendo los criterios de sanidad, científicos y el principio de prudencia. Responderemos si se produce esa celebración o no cuando llegue el momento”.
Aunque se han anunciado unos fondos destinados al sector cultural de casi setenta y seis millones y medio de euros, este dinero iría destinado a créditos, ayudas, ERTE e incluso incentivos, pero no soluciona el que continúa considerándose el mayor problema de los festivales agendados en nuestro país para los próximos meses. Y eso es que no se declare el Estado de Fuerza Mayor para poder cancelar eventos con el respaldo de la ley. España es uno de los pocos países de todo el continente europeo que no ha tomado medidas a ese respecto concreto. Lo único que se ha aconsejado es aplazar o posponer eventos en la medida de lo posible.
Pero la APM –asociación en la que están la mayor parte de los más importantes promotores de nuestro país– apunta diversas medidas que ha propuesto al gobierno. Aquí incluimos la parte del manifiesto que trata sobre ello:
“APM reclama que la medida anunciada en materia de desempleo para los artistas se extienda a todas la personas que trabajan en la cadena de valor de la industria y pide crear un fondo de compensación económica para otorgar una renta básica temporal a los autores, productores, músicos y profesionales por cuenta propia de la industria musical que se enfrenten a necesidades ante la paralización de su actividad. Y también para aquellos autores, productores, músicos trabajadores por cuenta ajena y profesionales cuya actividad se realiza mayoritariamente por contratos de obra y servicios que no se van a llevar a cabo. Este fondo cuya administración estará asegurada por la organización de gestión colectiva u organismos respectivos.
Los consumidores, también desprotegidos por el Gobierno. Además de la aplicación de la Fuerza Mayor, en el Real Decreto se han quedado fuera otras demandas, como y la flexibilización de las normativas de consumo para permitir una gestión ordenada de la cancelación o la gestión de la devolución de las entradas de dichos eventos amparados legalmente.
Uribes tan solo ha afirmado que desde su cartera están trabajando con el sector de la música en vivo y el Ministerio de Consumo “para encontrar una solución equilibrada al tema de la devolución de entradas”, pero tampoco ha anunciado ninguna medida al respecto.
De esta manera, los promotores declaran que el público quedará igualmente desprotegido al no declarar la Fuerza Mayor ya que, al no poderse cancelar los eventos musicales multitudinarios amparados por la ley, estos seguirán programados y serán millones de consumidores los que quedan expuestos a perder sus reservas de hoteles y viajes “cuando llegue el momento” de aplicar esta medida.
APM solicita que se activen las primeras medidas de máxima urgencia que hagan frente a la situación grave del sector de la música en vivo:
Aplicar el concepto por causa de fuerza mayor para permitir la posibilidad de suspensión o aplazamiento de los eventos musicales programados antes del Estado de Alarma cuya celebración esté prevista en el año 2020.
Flexibilización de la normativas de Consumo en relación a la devolución del importe de entradas en el caso de aplazamiento y cancelación tal y como se ha desarrollado en países como Portugal, Bélgica, Alemania e Italia, entre otros, con el objetivo de que las entradas de un evento aplazado sirva para la nueva fecha programada en un plazo entre la fecha del original evento aplazado y el 31 de diciembre de 2021.
En la relación de la Ley del impuesto de Sociedades y al IVA proponemos:
Reducción del tipo impositivo en el Impuesto de Sociedades en, al menos, 2 ejercicios mientras se recupere la dinámica de la actividad en el sector de la música.
Ampliar la deducción del artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para incluir las actividades de producción, edición y distribución discográfica, y establecer dicha deducción en un 40 por ciento de los gastos realizados tanto para estas actividades como para la producción y exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales e incrementar el límite en la aplicación de deducciones del mismo artículo 36 desde el 25% hasta el 50% de la cuota íntegra.
Reducción del IVA del 21% al 10% de todos los servicios relacionados con la música en vivo y música grabada y del 10% al 4% de las entradas de la música en directo.
Adaptación de los ERTE por el COVID-19 a la realidad de la industria de la música pudiéndose ampliar hasta que la actividad no pueda volver a la normalidad al 100%.
Adaptación de los Fondos de Financiación del Estado por el COVID-19 a la realidad de la industria de la música, en particular a las pymes y autónomos y a figuras jurídicas como los AIE. En este sentido, dado el desfase temporal entre los periodos de recaudación y liquidación por parte de las Entidades de Gestión en materia de derechos de propiedad intelectual, extensión de las mismas medidas de apoyo acordadas para otros sectores para los períodos en que se produzcan las disminuciones de ingresos en liquidaciones de ejercicios venideros (2021, 2022) como consecuencia de las caídas de recaudación sufridas durante el periodo de aplicación del Estado de Alarma”.
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