Y vuelve a estar la burocracia en el punto de mira. Esta edición suponía la vuelta del festival a la ciudad que lo vio nacer y contaba, según la organización, con informes favorables de todo tipo de instituciones, desde la Subdelegación del Gobierno hasta la Cruz Roja pasando por varios cuerpos de policía local y nacional. Pero el viernes por la tarde, tan solo minutos después de recibir una resolución favorable para las licencias de celebración del festival, les fue notificada la apertura de un trámite de audiencia de cinco días hábiles que paralizaba la concesión definitiva de la licencia durante una semana. Es decir, que la fecha legal para iniciar el festival era el lunes 17, dos días después de su final previsto. Por esta razón ha sido imposible conseguir los suministros básicos a tiempo y se han visto obligados a cancelar el festival.
Por otra parte el alcalde José María Román (PSOE), tal y como se informa desde el ABC, echa la culpa a la organización diciendo que "hasta el jueves, los organizadores no habían presentado en la delegación de Urbanismo toda la documentación necesaria, con lo que requería de otros cinco días de tramitación para dar audiencia a esos documentos". También declara: "nos dijeron que ayer viernes iban a enviar un comunicando anunciado el retraso en la organización hasta el 30 de julio, que guardáramos silencio porque ellos iban a ser los que iban a anunciar el aplazamiento y hoy nos hemos encontrado con el comunicado de cancelación".
El comunicado del festival finaliza así: "Nos reservamos el derecho de tomar las acciones legales pertinentes tras las situaciones acaecidas, algunas de las cuales ya han sido denunciadas ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y judicializadas, y otras lo serán en las próximas semanas". Puedes leerlo íntegramente en este enlace.
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