Una vez más la gestión de licencias de locales nocturnos y salas de conciertos en Madrid está en el ojo del huracán con motivo de la huelga de hambre que desde el 1 de junio mantiene a Juan María Franco en su improvisado campamento base, situado en el centro de la Plaza Mayor. El motivo de tan drástica decisión es el cierre y multa de 93.000€ que el Ayuntamiento de Madrid ha decretado para su local, Café Del Mono, situado en la Cava Alta 19.
Con un infrautilizado espacio de conciertos, el Café Del Mono es uno de los locales históricos de La Latina y ya tuvo que vérselas con el Ayuntamiento en el año 2000 por no adaptarse a las nuevas normativas del Consistorio referentes a locales nocturnos. Tres años después de aquello y tras ponerse su propietario por primera vez en huelga de hambre como medida de presión para agilizar la resolución del conflicto, se le otorgó un “cambio de titular” con el que podía seguir desarrollando su actividad sin ser multado. Sin embargo, unos meses después esa licencia fue cancelada sin notificación alguna y las multas fueron acumulándose hasta alcanzar los 93.000 € que ahora se le reclaman. Esa es la versión de Juan María Franco, que no ha podido ser rebatida a este medio por los representantes del Agencia de Gestión de Licencias de Actividades (AGLA) ya que han rehusado hacer declaraciones.
El caso de Café Del Mondo no es una mera anécdota en medio del voraz afán recaudatorio del Consistorio y la maraña administrativa que sitúa al borde del cierre a numerosos locales, muy especialmente los situados en el distrito centro. Y eso a pesar que desde el año 2009 se ha producido un cambio de sistema en el Ayuntamiento de Madrid por el que la gestión queda en manos de la Agencia de Licencias de Madrid y se crean las Entidades de Control de Licencias Urbanísticas (ECLU) como entidades privadas concertadas, pasando de un sistema totalmente descentralizado de las Juntas y en el que no existía ningún control de la gestión por el Ayuntamiento de Madrid a un sistema unificado y controlado por un solo órgano. Fuentes de La Viña, la Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid, lo califican como “positivo, aunque un cambio tan profundo que se lleva realizando desde el año 2009 tarda varios años en funcionar de manera adecuada. La realidad es que todavía en 2013 la duración media de la expedición de licencias en el sector de hostelería esta en cerca de un año y ello a pesar de que en estos años la crisis ha frenado la creación de nuevos proyectos empresariales”.
Sin embargo son muchos los hosteleros que sospechan que tras las demoras y las licencias de carácter provisional se esconde una política de control de los locales, que les sitúan permanentemente al filo del cierre ante posibles presiones vecinales o situaciones como la tragedia del Madrid Arena, que se tradujo en inmediatos registros y controles para el sector privado en los siguientes meses. Íntimamente relacionado con esta presión por parte del Consistorio está el tema de los aforos, que este verano ha sido noticia cuando diversas salas y discotecas de Madrid fueron desalojadas y multadas por exceder el máximo permitido (la última damnificada fue la Rockitchen, en este caso por las quejas vecinales por las aglomeraciones en la calle y que fue cerrada cautelarmente hace tan sólo unos días tras una visita de la policía. Rockitchen ya ha anunciado que no programará más música en directo). En La Viña apuntan a que también aquí las salas de conciertos y discotecas se rigen por un rasero diferente del de otros establecimientos públicos. “El aforo no se calcula exclusivamente aplicando el Código Técnico de la Edificación del 2006 que es el que aplica condiciones de seguridad para el resto los locales en España. Se aplican también limitaciones urbanísticas que existen en el Plan General de Urbanismo de Madrid aprobado en 1997 y en el que se limita la capacidad de cualquier restaurante a 99 personas o de bares de copas a 49 personas independientemente de sus metros cuadrados y de su capacidad de evacuación”. En muchos casos eso se traduce en una sala prácticamente vacía, y buen ejemplo de ello fue la pasada edición del festival Primavera Club, cuando el Ayuntamiento limitó el aforo de una de las naves de Matadero a 100 personas, mostrando al máximo de su capacidad (en pleno concierto de Redd Kross y con una larguísima cola en la puerta esperando la oportunidad de entrar) el aspecto que puede verse a continuación.
Toda esta situación, a la que se suma la prohibición del acceso a menores en salas de conciertos (prohibición que no se extiende a otros establecimientos que venden alcohol), se revela especialmente dramática en un momento en el que la crisis económica azota duramente y la presión fiscal ha subido de la mano del IVA al 21% a límites insostenibles. El negocio de la música en directo genera mucha más riqueza de la que podría parecer a simple vista: están los músicos, por supuesto, pero también los propietarios y personal de las salas, los técnicos, promotores y hasta en buena medida el sector discográfico y los derechos editoriales y fonográficos dependen en buena medida de la existencia de una red potente de conciertos.
El turismo en ciudades como Berlín, Londres, París o Dublín depende en buena medida de su oferta cultural: música pop, rock, electrónica o folk, promovida y gestionada por organizaciones privadas al margen de la caprichosa política cultural institucional.
Con el verano llegando a su fin y las cifras oficiales revelando que Madrid, más allá de El Prado o El Palacio Real, es una plaza cada vez menos atractiva para el turismo, es hora de que quede claro cuál es el modelo de ciudad que se nos intenta imponer desde hace ya unos años y cuáles son sus consecuencias económicas. Si la de una metrópoli contemporánea, capaz de competir de igual a igual con las otras grandes urbes europeas o la de la antigua capital castellana en la que el silencio reina a la fuerza.
Se ha habilitado una plataforma de apoyo al caso de Juan María Franco y Café del Mondo en Change.org.
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